Con motivo del 26 de junio, Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD) exige un cambio radical en las políticas de drogas actuales y solicita políticas más justas y eficaces para gestionar la producción y consumo de drogas y reducir los daños asociados. La sociedad civil debe participar en su diseño y evaluación. ENCOD es una red pan-europea que engloba a más de 150 organizaciones sociales y expertos individuales.
ENCOD denuncia que las políticas de drogas prohibicionistas basadas en los Convenios Internacionales sobre Estupefacientes (de 1961, 1971 y 1988) no sólo han sido insuficientes para contrarrestar el tráfico de drogas, sino que han contribuido a su incremento y fortalecimiento. ENCOD señala que son los eslabones más débiles de la cadena (consumidores de drogas, correos y cultivadores), los que sufren desproporcionadamente los efectos dañinos y contraproducentes de las políticas de control de drogas.
Según afirma Virginia Montañés (presidenta de ENCOD), “la estrategia antidrogas se ha convertido a lo largo de los años en una guerra abierta contra las personas consumidoras. Las personas afectadas tanto por las drogas como por las políticas, sufren el deterioro de la salud, el aumento de la exclusión y estigmatización y la vulneración de los derechos más elementales debido a una estrategia criminalizadora impuesta por los organismos internacionales –Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) y la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (ONUDD), y por nuestros propios países”. ENCOD señala que estas políticas represivas con el consumo criminalizan a las personas usuarias, dificultando la cobertura de sus derechos y el ejercicio de sus deberes como ciudadanos y ciudadanas y abocándolas a procesos de exclusión que, en muchos casos, son irreversibles.
ENCOD lamenta el empecinamiento de las autoridades internacionales y estatales en políticas de drogas costosas (70 mil millones de euros por año, según Ethan Nadelmann de la Drug Policy Alliance), sin ninguna base científica y que han fracasado en todos sus objetivos, en lugar de desarrollar verdaderas políticas centradas en la salud pública, basadas en los derechos humanos y sensibles a las diferencias de género.
Por todo ello, ENCOD considera urgente y necesario un verdadero cambio en las políticas de drogas. Las políticas alternativas de drogas no deben causar daño a la salud de los consumidores, no deben amenazar la subsistencia de campesinos en países del Sur, deben respetar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y tener en cuenta las diferencias de género.
ENCOD también exige cambios en la ley que pongan freno a la entrada masiva de personas usuarias en las prisiones; la apertura del debate social con todos los agentes de la comunidad sobre la regulación de las sustancias ilegalizadas; la redefinición de las estrategias de prevención dirigidas a jóvenes y personas adultas, en base a criterios integrales, realistas y participativos y con enfoque de género; y la innovación y extensión de los tratamientos de drogodependencias a toda la población afectada, especialmente a la más vulnerable, como salas de consumo o programas de dispensación controlada de drogas.
ENCOD lamenta la falta de interés de los gobiernos y la Comunidad internacional por facilitar la participación de la sociedad civil en el diseño y evaluación de las políticas de drogas y demanda la participación efectiva de las entidades y personas afectadas en los espacios de toma de decisiones sobre las políticas de drogas de la ONU, la Unión Europea y los gobiernos de cada Estado.
