Las personas afectadas tanto por las drogas como por las políticas, sufrimos el deterioro de nuestra salud, el aumento de la exclusión y estigmatización y la vulneración de los derechos más elementales debido a una estrategia criminalizadora impuesta por los organismos internacionales –Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) y la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (ONUDD), y por nuestros propios países. La participación de las organizaciones de afectados en la evaluación y diseño de las políticas de drogas es anecdótica y cuando se da, no tiene ninguna influencia en la toma de decisiones.
La estrategia antidrogas se ha convertido a lo largo de los años en una guerra abierta contra las personas consumidoras. Se niega la evidencia de que las políticas de reducción de daños son más justas y eficaces, y se acatan acuerdos realizados sin ninguna base científica, y en algunos casos hace más de 40 años, en lugar de desarrollar verdaderas políticas centradas en la salud pública, basadas en los derechos humanos y sensibles a las diferencias de género.
