A través de las fumigaciones aéreas en el municipio de San José del Fragua se han afectado 27 caseríos en las que se han afectado la integridad de los habitantes rurales, las siembras de pan coger, los proyectos alternativos, la flora, fauna y semovientes, más que las siembras de de uso ilícito. Incluso propiedades de campesinos que no tienen siembra de hoja de coca han sido fumigadas en repetidas ocasiones. Y por otro lado, la erradicación manual que se realiza con la militarización del Territorio ha conllevado a graves abusos de autoridad, señalamientos e intimidaciones en las que se advierte que la denuncia de los atropellos tendrá como consecuencia el encarcelamiento.
A pesar de las quejas presentadas por los campesinos ante organismos de control ninguna medida efectiva se ha adoptado, mucho menos, se ha logrado una respuesta pronta y oportuna de las instancias gubernamentales responsables de la aplicación de la política antinarcóticos.
La ausencia por parte del gobierno nacional y de la comunidad internacional, de consideraciones humanas, sociales, económicas, jurídicas, ambientales y de una visión ética de la justicia en el abordaje del problema de la siembra de coca, justifica las acciones represivas y el desarrollo de planes pilotos de consolidación de la llamada “seguridad democrática”. Las actuaciones institucionales están generando nuevas condiciones de miseria y de deslegitimación del llamado Estado “de derecho”.
