BOLIVIA INVERTIRA 300.000 EN LA INDUSTRIALIZACION DE LA COCA

En lo que parece un desafío a la ONU, el Gobierno oficializó su estrategia antidrogas que incluye el aumento de la superficie legal de cultivos de coca de 12.000 a 20.000 hectáreas, la industrialización de 4.000 toneladas de la hoja hasta el año 2010 (mates, harinas y biomedicamentos) y el ajuste de la Ley Antinarcóticos 1008.

La propuesta acaba de ser concluida por el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), informó la Cancillería. El viceministro de la Coca, Gerónimo Meneses, dijo ayer que esa estrategia es parte de las presentaciones que la delegación boliviana efectúa en Viena, donde acudió a la reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU.

Industrialización

Tras señalar que el arbusto tiene una antigüedad de 3.000 años antes de Cristo y que estuvo presente con las culturas preincaicas e incaicas, la política antidrogas da cuenta de la “transformación productiva de la hoja de coca” (industrialización) como una “decisión soberana del pueblo y Gobierno boliviano, a fin de evitar el desvío de coca para actividades ilícitas”.

Añade que “la transformación productiva y comercialización de infusiones de coca, harinas, biomedicamentos constituyen un importante potencial económico y permiten absorber la producción que podría ser desviada a fines ilícitos”.

La estrategia señala que desde este año y hasta 2010 se usarán 1.500 toneladas métricas de hoja para infusiones (mates), 2.000 toneladas para harina, 200 toneladas para biomedicamentos (no se especifica cuáles) y 300 toneladas para abonos, nutrientes y otros productos, lo que suma 4.000 toneladas

Se propone también producir 20 por ciento de coca orgánica (de 20.000 hectáreas), la instalación de tres plantas de transformación productiva de la hoja (una en Lauca Ñ, Cochabamba, y las otras en Yungas, en La Paz).

Ayer, el viceministro Meneses explicó que el Gobierno dará 300.000 dólares para la industrialización. Ese monto fue anticipado por el Primer Mandatario en un discurso en el Chapare.

Nuevas superficies

El martes 4 de marzo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de ese organismo, solicitó al Gobierno la erradicación de la práctica de masticar coca, la producción o consumo de sus derivados (como mates de la hoja), así como su industrialización.

Dos días después, el 6, el Conaltid difundió la estrategia en la página web de la Cancillería. El documento, de 44 páginas y que lleva una presentación del presidente Evo Morales, señala que Bolivia “cumplió su parte” en la lucha contra el narcotráfico ya que en 10 años (1995-2005) disminuyó la superficie de la coca en 50 por ciento, pero cuestiona que el consumo subió en otros países, entre ellos España, de 1,8 por ciento (1994) a 7,2 por ciento (2004).

Por ello, concluye que “la lucha contra las drogas implementada en Bolivia fracasó al no haber eliminado el tráfico ilícito de drogas y haber ocasionado un alto costo social y político (60 muertos entre 1997 hasta 2003)”.

La estrategia asume que, a diciembre de 2005, Bolivia tuvo un total de 25.400 hectáreas de cultivos de hoja de coca, con 13.400 hectáreas por encima de lo que autoriza la actual ley, de 12.000 hectáreas.

Plantea “estabilizar la producción en un rango de 20.000 hectáreas aproximadamente hasta el año 2010, con un rango de unas 8.000 hectáreas por encima de la actual ley. El excedente a las 20.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca se racionalizará de forma concertada con los productores, a través del control social y la delimitación de zonas de no expansión”.

El documento añade que la base de la racionalización es el cato (unos 1.600 metros cuadrados) “que permite seguridad y previsibilidad a los productores, bases para la acción concertada”. La política del cato fue aprobada durante la gestión presidencial de Carlos Mesa (2003-2005).

Ajustes legales

Sin embargo, estas propuestas tropiezan con la actual Ley Antidrogas 1008, la cual limita a 12.000 hectáreas la superficie legal permitida de cultivos del arbusto. En la norma no se señala el “cato de coca” aprobado.

El Gobierno, en la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Revalorización de la Coca, considera que la Ley 1008 “es producto del proceso de criminalización de la hoja de coca y sometimiento a exigencias externas, que además atenta contra los principios constitucionales, como a los derechos fundamentales de las personas”.

Anticipa que dividirá la 1008 en Régimen de la Coca y Régimen de Sustancias Controladas. El primer apartado definirá métodos de regulación sobre la producción, comercio y transformación productiva de la hoja de coca que controlen y eviten su desvío a usos ilícitos, mientras que el segundo tratará sobre delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y delitos conexos.

La JIFE, en su informe, exhorta a Bolivia y Perú a delimitar sus estrategias en las normas y tratados internacionales (entre ellos la Convención de Viena de 1961, la cual penaliza la coca).

Se creará un “zar” contra el narcotráfico

La Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Revalorización de la Coca decidió la creación de la figura de una “zar” antidrogas.

“Por la importancia y la complejidad de la problemática del narcotráfico —señala el documento—, el Presidente de la República designará un Delegado Presidencial para coordinar la nueva política”.

El delegado presidencial será directamente responsable ante el Presidente de la República y tendrá autoridad para coordinar todos los campos relativos a esta estrategia (prevención, racionalización, interdicción, desarrollo integral) y tendrá bajo su responsabilidad directa los servicios administrativos necesarios para la ejecución de esta política.

Con la aplicación de la propuesta antidrogas se propone reducir al 1,8 por ciento la producción potencial de cocaína para el año 2010, lo cual disminuiría en aproximadamente el 85 por ciento, es decir, de 90 toneladas métricas a 13 toneladas métricas.

Preparan un Observatorio

Ante la ausencia de un sistema de investigación sobre la prevalencia del consumo de drogas, el plan propone “un levantamiento de información periódica veraz y consistente dirigida desde el Estado”. Este sistema se plasmará en un Observatorio Boliviano de Drogas (OBD), el cual contará con el apoyo de universidades que harán 15 investigaciones sobre el consumo.

El “control social” es una transversal

La propuesta antinarcóticos del Gobierno señala que Bolivia propone llegar a un resultado realista (estabilizar los cultivos de coca en 20.000 hectáreas como máximo) de manera sostenible sobre la base del control social de los cultivos y de su extensión, y sin violación de los derechos humanos.

Los dos elementos centrales de esta estrategia, agrega el plan, son: con participación social, racionalizar, estabilizar y controlar la producción de hoja de coca a un nivel sostenible, y asegurar los destinos legítimos de la coca producida.

“El nuevo enfoque —agrega el documento— necesita construir instrumentos que promuevan el involucramiento de la sociedad civil y la efectivización del control social en las operaciones especiales, que garanticen la aplicación de estrategias consensuadas en el marco de la responsabilidad compartida entre la sociedad y el Estado”.

Bolivia desarrolla tareas significativas de interdicción; sin embargo, dice la Estrategia, el narcotráfico y sus redes operativas muestran en la actualidad una capacidad de acción moderna y sistemática que va a la par de los avances tecnológicos en comunicaciones, transporte y equipos militares, situación que deja a las fuerzas especiales del Estado boliviano en desventaja. Frente a esta situación, el Estado, en coordinación con la sociedad civil, creará mecanismos de control social para combatir al narcotráfico, en procura de la aprehensión de los actores principales de las redes delictivas, para lo que se dotará de equipos tecnológicos y mejores condiciones operativas.

En este marco, agrega la propuesta, se reforzarán los operativos especiales para el control de la elaboración y tráfico de sustancias controladas, que permitan incrementar los volúmenes de incautación, secuestro y disminución de oferta de droga en el mercado.

El Gobierno presentó su “enérgica protesta” ante la ONU

Bolivia presentó ayer una “enérgica protesta” contra la petición de eliminar el mascado de hoja de coca, que concluyó con un “viva la coca” ante la reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU que se abrió ayer en Viena.

Durante su discurso ante la asamblea de ese foro de Naciones Unidas, el vicecanciller de Bolivia, Hugo Fernández, leyó la carta que el presidente de Bolivia, Evo Morales, dirigió al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en defensa de los usos tradicionales de la hoja de coca.

En ella criticó la petición de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de erradicar la práctica de masticar coca, al considerar que va en contra de las convenciones internacionales, pese a que tiene un gran arraigo tradicional en Bolivia.

El organismo no se pronunció ayer sobre la protesta del Gobierno boliviano.

Cuestionamientos a la JIFE

“La delegación que presido desea expresar respetuosamente —dijo Fernández— su enérgica protesta por la desconsideración y falta de respeto con que la JIFE se expresa en relación a la hoja de coca, a la masticación y a los otros usos tradicionales con más de 3.000 años de antigüedad y legalidad plenamente reconocida en Bolivia”.

El representante boliviano cuestionó también la forma de interpretación de la JIFE de los convenios internacionales sobre drogas, reafirmó la lucha de La Paz contra la cocaína, pero recalcó que la hoja de coca no es cocaína.

La autoridad, también anunció “una solicitud formal de desclasificación de la hoja de coca para que la misma deje de ser parte de la Lista Uno (de la Convención de Viena sobre sustancias ilegales). Bolivia está convencida de que llegará el día en el que la JIFE reconocerá su error del mismo modo que, felizmente, la Academia de Ciencias del Vaticano acaba de anunciar que hará en relación a Galileo y su aporte a la ciencia”, subrayó el Vicecanciller.

Fernández terminó su intervención con un sonoro: “¡Causachun coca! (quechua), viva la coca. Long life to coca leaf!”, que causó asombro entre las delegaciones.

En La Paz, el Gobierno afirmó que la petición de la ONU de prohibir el masticado de la hoja de coca responde a una “visión occidental” que busca la desaparición de otras civilizaciones y “es un verdadero atentado” a la cultura andina. El canciller David Choquehuanca aseguró que su país no admite “desde ningún punto de vista” el pedido hecho en ese sentido por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU.

“El occidente —dijo— siempre ha tratado de hacer desaparecer otras civilizaciones, y en Bolivia siempre han tratado de hacer desaparecer nuestra cultura, nuestra música, nuestras costumbres, historia e idioma, pero nos hemos resistido”. Sostuvo que la Convención de 1961 fue redactada por “europeos, blancos y hombres”, sin la participación de mujeres, y “lo han hecho con una visión occidental” que no conoce la realidad de la cultura andina. A su juicio, el informe de la ONU “entra en contradicciones” con el avance que se registró con los reconocimientos del mismo organismo a la diversidad cultural.

Citó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y la intención de la UNESCO de que se haga un reconocimiento a los médicos herbolarios conocidos como “kallawayas”, que usan la coca para su trabajo. “Entonces no entendemos —dijo el Canciller—. Tienen que informarse más los de JIFE, porque consideramos que su actitud es colonialista”.

Menos del 5% de la población mundial es adicta a drogas

Menos del 5 por ciento de la población mundial es adicta a sustancias ilegales, según datos de la comisión de Estupefacientes de la ONU, que inició ayer en Viena una reunión para revisar la política contra las drogas de los últimos 10 años.

El director de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), el italiano Antonio María Costa, dijo que el problema de las drogas se había “contenido, pero no resuelto”, a la vista de este porcentaje.

En 1998, la ONU lanzó en Nueva York una estrategia para “eliminar o reducir significativamente el cultivo ilegal de la hoja de coca, del cannabis y de la adormidera para 2008”. Según Costa, los objetivos iniciales no se han cumplido, aunque los adictos a drogas ilegales representan menos del 5 por ciento de la población mundial, una cifra “cinco o seis veces inferior a los adictos al tabaco o al alcohol”.

Unas 200.000 personas mueren al año víctimas de la drogadicción, una décima parte de los muertos debido al alcoholismo y veinte veces menos que los muertos causados por el tabaquismo. El vicesecretario de la ONU reconoció que existe un problema de imagen en la lucha contra las drogas. “Existen muy pocos recursos para tratamientos de prevención y rehabilitación, mucho se dedica a la erradicación de los cultivos (ilícitos) y poco a la erradicación de la pobreza”, explicó, y criticó las propuestas de legalización de las drogas como medida para acabar con el problema.

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